Una serie de capítulos de la historia reciente de México están marcados por tragedias de diversa índole. Desde desastres naturales como los terremotos ocurridos en la Ciudad de México hasta el evento trágico de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, o el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Algunas de ellas, como las tragedias naturales, es casi imposible predecirlas, pero otras se pueden prevenir y tener una respuesta adecuada del Estado.
Guadalajara no ha sido la excepción en este tipo de hechos pues, al igual que en muchos otros rincones de México, en la ciudad han ocurrido tragedias que han marcado su devenir. Al respecto, sin duda alguna, las explosiones ocurridas el 22 de abril de 1992 en el Sector Reforma han sido la peor en su historia reciente. Ese día, hace treinta años, la presencia de hidrocarburos en el drenaje provocó un desastre sin precedentes a lo largo de varios kilómetros de calles, que dejaron centenares de muertos y heridos, pérdidas materiales incuantificables, barrios destrozados y familias que no volvieron a consolidar unas redes vecinales como las que habían tenido hasta ese año.
Los ecos de la tragedia todavía resuenan. Primero, en la vida y cotidianidad de las personas que la sufrieron directamente y aún no encuentran consuelo en las versiones y respuestas oficiales por la falta de responsabilidad política del Estado ante los hechos. Segundo, en el barrio de Analco, que conserva en muros, calles y personas las huellas imborrables de la desarticulación social, la terciarización y el aumento de la inseguridad. Tercero, en el despertar de la sociedad civil organizada de la ciudad, que aportó matices muy importantes para que hubiera cambios políticos como la alternancia de partidos en el poder en Jalisco en 1995, y la exposición de una clase política que, además de negligente, fue incapaz de atender la compleja realidad metropolitana. Cuarto, en la costosa parálisis urbana de Guadalajara, ya que una de las consecuencias de las explosiones fue el total abandono de una planeación estratégica de movilidad y transporte —la idea de construir varias líneas del tren ligero tuvo que ser pospuesta—, lo cual sigue afectando su desarrollo. Quinto, y quizá algo positivo en medio del dolor causado, la modificación de toda la episteme acerca de la protección civil en el estado y, en este sentido, la importancia de tener mejores protocolos de atención, prevención y reacción.
A treinta años de aquel aciago día, que merece ser recordado, este número especial de la Carta Económica Regional pretende mantener en la memoria local este acontecimiento. El objetivo del coordinador, Jorge Eufracio Jaramillo, y de las autoras y los autores que contribuyeron con sus artículos e investigaciones a este número temático es enmarcar la relación de la fotografía y documentación de la realidad sociocultural con la agencia individual y colectiva de búsqueda de justicia, reivindicación de derechos fundamentales en servicios de salud y acciones jurídicas que aún no se instrumentan para reparar el daño causado a las personas lesionadas.
Esto quiere decir, en principio, que pensamos las explosiones del 22 de abril de 1992 como un hecho que debe ser conservado en la memoria colectiva; en especial, para que las generaciones más recientes sepan lo que ocurrió y conozcan sus consecuencias sociales, económicas y en la salud de quienes lo sufrieron. Consideramos que esta tragedia debe ser visibilizada y recordada como una herida abierta porque, además de sus resultados en la ciudad, una parte de la población afectada continúa en resistencia frente a la forma como se atendieron los acontecimientos de aquel miércoles.
Este número, de gran trascendencia para la memoria local, está dedicado, con toda nuestra solidaridad, a las personas dañadas, lesionadas y damnificadas
